Perú, 29 jun (InnContext) – La situación de las personas LGBTI en Perú continúa estando caracterizada por la discriminación y violencia generalizada que experimentan, y que se ha visto agudizada durante la pandemia generada por la COVID-19 debido a las medidas de restricción de movimiento tanto nacional como transfronterizo. Se destacó, por ejemplo, el impacto en el acceso a retrovirales para el tratamiento de las personas LGBTI que viven en situación de VIH; la precarización del empleo laboral diferenciada respecto a la población en general (37.8% de personas LGBTI señalaron no contar con trabajo a diciembre de 2021); así como, el aumento del riesgo a ser víctimas de discriminación y/o violencia por parte de las fuerzas del orden en intervenciones realizadas en el marco de las medidas sanitarias implementadas por el Estado.

Promsex elaboró el «Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI en el Perú 2021». Allí se observa:

En cuanto al derecho al trabajo: un 62.2 % tuvo un empleo formal, de este porcentaje solo el 38.9 % reportó ganar más de la remuneración mínima vital, mientras que un 48.9 % ganaba menos de la remuneración mínima vital. Además, cabe recalcar que el 62.12 % trabaja de manera independiente, el 31.1 % se encuentran en la planilla de una empresa y solo 6.78 % se encuentra en la planilla del Estado.

En cuanto al derecho a la educación: sólo el 28.9 % culminó exitosamente la educación universitaria, mientras el 34.4 % indica tener educación universitaria incompleta, siendo la falta de recursos económicos la principal causa de deserción (69.3%).

En cuanto al derecho a la salud: el 63.3 % pudo acceder a servicios de salud, aunque el 21.1 % no cuenta con seguro público ni privado. Además, el 57.14 % de las personas trans encuestadas no pudieron acceder a un tratamiento de reemplazo hormonal durante el 2021. Por otro lado, el 14.4 % sufrió violencia y/o discriminación en establecimientos de salud.

En cuanto al acceso a la justicia, el 17.5 % fue discriminado en los servicios del Estado que atienden casos de violencia. El 51.9 % sufrió de violencia física, psicológica y/o sexual en el espacio público, y el 78 % señaló que la violencia fue ejercida por una persona desconocida.

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